El 14 de octubre de 2015 se aprobó la Ley 44/2015, de Sociedades Laborales y Participadas, que consolidó el modelo de empresa en el que las personas trabajadoras son protagonistas y propietarias colectivas. Inspirada en el artículo 129.2 de la Constitución Española, la norma aportó un marco moderno a una forma empresarial que genera empleo estable, cohesión social y compromiso con el territorio.
Tras una década de vigencia, los profundos cambios económicos y sociales hacen necesaria su actualización. Las Sociedades Laborales continúan siendo una herramienta eficaz para el mantenimiento del empleo, la transformación empresarial y la participación de las personas trabajadoras, pero precisan un entorno normativo más flexible y adaptado al siglo XXI.
La Región de Murcia es una de las comunidades pioneras en la promoción de las Sociedades Laborales. Desde AMUSAL, se ha demostrado que la participación en la empresa es una vía eficaz para el desarrollo local, la inclusión laboral y el emprendimiento colectivo.
Reforzar este modelo nacido en España significa apostar por una economía con rostro humano, donde las personas son dueñas de su trabajo y partícipes de las decisiones empresariales.
Hoy, la Ley 44/2015 sigue siendo un pilar de la economía social española, pero necesita una actualización. Se requiere una decisión política del Gobierno de España —y en particular del Ministerio de Trabajo y Economía Social— que reafirme la vigencia del artículo 129.2 de la Constitución: una economía al servicio de las personas, no al revés.
Las Sociedades Laborales, son empresas con vocación de permanencia, que reinvierten en su territorio y priorizan la estabilidad. Por eso, contar con un marco legal y fiscal adecuado es una condición imprescindible para que puedan seguir siendo un referente de empleo digno y de participación democrática en la empresa.
Una sociedad más participativa y solidaria exige una legislación que evolucione al ritmo de las personas trabajadoras y de sus empresas. Avanzar en esta dirección significa apostar por una economía que no deje a nadie atrás, donde la eficiencia se mida también por su capacidad de generar bienestar compartido y de fortalecer la cohesión social.
Actualizar la Ley 44/2015 no es solo una necesidad jurídica, sino una oportunidad para reafirmar que el futuro del trabajo pasa por la participación, la igualdad y la propiedad compartida