Las empresas de economía social aportan al año unos 4.000 millones de euros anuales a la cohesión social y territorial española, según un estudio realizado por la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), cuyos resultados se han difundido esta semana en un comunicado.
Según se informa desde CEPES, este estudio, denominado El impacto socioeconómico de los principios de las empresas de economía social avala el comportamiento diferencial en el mercado de las empresas del sector. CEPES decidió abordar la realización de este estudio, con la colaboración técnica de Abay Analistas Económicos y Sociales, con el objetivo de esbozar un análisis del impacto socioeconómico de las entidades de economía social dentro de España. Para ello se ha utilizado la Muestra Continua de Vidas Laborables (MCVL), que cuenta con información de 1,2 millones de personas y que elabora la Tesorería General de la Seguridad Social, con la Agencia Tributaria y el Padrón Municipal.
El estudio se ha realizado sobre una muestra de cerca de 6.400 empresas de Economía Social y de 15.000 trabajadores de este tipo de entidades, comparándose con un “grupo de control”, compuesto por 6.978 Sociedades Anónimas y Limitadas y 15.826 trabajadores de estas mismas empresas.
La tesis de partida se concreta en que los valores que comparten las empresas de economía social se traducen en mejoras para las personas que configuran sus plantillas, tanto en las condiciones de trabajo como en su especialización productiva y en su ubicación geográfica.
Los efectos sobre la Cohesión Social que analiza el estudio se centran en aspectos como la ocupación de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral, calidad en el empleo, mejora de la igualdad de oportunidades y oferta de servicios sociales y de interés general. En cuanto a los efectos sobre la Cohesión Territorial analizados, éstos se concretan en la creación de actividad económica y empleo en el ámbito rural, competitividad de la economía rural y mantenimiento de la población rural.
El estudio de CEPES da como resultado que el valor de la cohesión social alcanza unos 2.845 millones de euros anuales, que provienen de las rentas netas generadas y percibidas por familias, empresas y administraciones públicas vinculadas a la actividad de estas empresas.
El documento mide unos "beneficios indirectos", que se corresponden con el gasto que no se ha realizado gracias al comportamiento de las empresas de economía social, y que se cifran en 560 millones de euros anuales. Ello implica que el valor total, directo e indirecto, asociado a la contribución a la cohesión social asciende a 3.405 millones de euros anuales, según añade el estudio.
En relación a la cohesión territorial, los resultados indican que los beneficios directos ascienden a 393 millones de euros, de los cuales la mayor parte son las rentas salariales netas de los trabajadores y el resto corresponde a la recaudación fiscal por IRPF y por cuotas a la Seguridad Social. A las cifras anteriores se añaden otros 132 millones de euros en beneficios indirectos, correspondientes al ahorro de prestaciones contributivas y asistenciales ligadas a las situaciones de desempleo. Por lo tanto, dice el estudio, los beneficios totales correspondientes al eje de cohesión territorial se cifran en unos 525 millones de euros anuales.
Si no existieran los principios de las empresas de economía social
El estudio, por último, ha realizado un ejercicio de simulación en el que las empresas de Economía Social “pierden sus principios” y pasan a comportarse como empresas capitalistas, adoptando los valores medios de estas últimas. Los resultados de este cambio se concretan en los siguientes datos:
- Cerca de 158.000 trabajadores de algún colectivo con dificultad de acceso a la ocupación perderían su empleo. De ellos, 84.403 serían trabajadores con discapacidad, 1.622 trabajadores en riesgo de exclusión social, 6.635 trabajadores mayores de 55 años, 3.664 mujeres mayores de 45 años y 61.562 trabajadores de baja cualificación.
- Un importante número de trabajadores vería modificadas sus condiciones de trabajo: unos 6.800 trabajadores (no incluidos en los colectivos del punto anterior) se verían obligados a cambiar su jornada completa actual por una jornada parcial no deseada, y cerca de 156.000 trabajadores verían reducido su salario.
- Al año, cerca de 10.500 trabajadores que han disfrutado periodos continuos de empleo en la economía social pasarían a tener una o más experiencias de desempleo.
- Un número importante de trabajadores se vería afectado por aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades en la empresa: más de 4.100 empleados pertenecientes a colectivos habitualmente infra representados en los puestos más altos de las empresas (mayores de 55 años, con discapacidad o mujeres) dejarían de ocupar estos puestos.
- Si se anulase la oferta de la Economía Social de determinados servicios sociales o de interés social, es decir, si su interés por estos servicios fuese similar al de las empresas ordinarias, en torno a 1.000 empresas que actualmente prestan servicios para personas mayores y personas con discapacidad y cerca de 2.500 empresas del ámbito de la educación y de otros servicios sociales (que incluye las guarderías) desaparecerían, afectando de forma importante tanto al nivel como a la diversidad en la oferta en esta actividades.
- Si las empresas de economía social se comportasen como “empresas ordinarias” a la hora de elegir su ubicación geográfica se perderían unos 59.000 puestos de trabajo en las zonas rurales y la población residente en estas zonas probablemente se reduciría en unas 102.000 personas.
Para el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, todos estos datos constatan la solidez del sector y la necesidad de que la empresa de Economía Social sea uno de los protagonistas del nuevo modelo productivo que se pretende construir. “La apuesta de este sector empresarial por generar una economía basada principalmente en las personas, en la calidad y estabilidad en el empleo, la competitividad, el desarrollo local, el espíritu emprendedor, la solidaridad o la innovación, queda avalada por este informe pionero y revelador de la aportación de este tipo de empresas en el actual contexto socio económico”, asegura Pedreño.
Fuente: observatorio de la economía social